La agencia federal que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno de Donald Trump reconoció este domingo que participa en un programa que revisa los antecedentes de familiares que reclaman la custodia de menores no acompañados (UAC) que se encuentran bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas) está brindando asistencia al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, bajo cuyo mando opera la ORR), para garantizar que los niños extranjeros no acompañados no sean colocados con potenciales patrocinadores sin una suficiente verificación”, dijo la agencia a Univision Noticias por medio de un correo electrónico.

La verificación se lleva a cabo por medio de datos biométricos almacenados en bases de datos por ambas dependencias. Pero la agencia no detalló qué tipo de crímenes o faltas descalifican al familiar que reclama una custodia, ni el tipo de castigo o sanción que puede enfrentar si el sistema arroja una alerta.

El programa

La colaboración entre ICE y el HHS es parte de un plan secreto que elaboró la Casa Blanca y que fue denunciado el sábado por el diario The Washington Post.

El periódico dijo que altos funcionarios del HHS habían rechazado el intento, pero terminaron por ceder y permitir que los agentes de ICE recopilen huellas digitales y otra información biométrica de los adultos que reclaman la custodia de migrantes UAC en los centros administrados por la ORR.

Organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes temen que bajo el programa “ICE localice, arreste y deporte a migrantes que reclamen una custodia”

De qué se trata

ICE dijo que la colaboración con el DHS “ayudando a mejorar los procedimientos de investigación de antecedentes para garantizar que los menores no sean colocados involuntariamente con adultos que no son elegibles para el patrocinio debido a criminalidad u otros factores negativos”.

“Lo que estamos haciendo es trabajar para mejorar el proceso de investigación de antecedentes para proteger a los menores de ser colocados de manera inapropiada en situaciones en las que pueden estar en mayor riesgo o daño”, dijo Bryan Cox, secretario de prensa en funciones de ICE.

El funcionario agregó que “los posibles patrocinadores que hayan proporcionado información precisa y no tengan factores descalificadores, no tendrían motivos para temer que se mejoren los procedimientos de verificación para identificar a las personas que han presentado información fraudulenta o falsa”.

La justificación

Una de las razones dadas por ICE para justificar el programa es que el HHS utiliza una base de datos con un sistema “no gubernamental” para llevar a cabo las verificaciones de antecedentes de los posibles patrocinadores de UAC.

Además, dijo, “el HHS no tiene un mecanismo para identificar documentos fraudulentos o documentos obtenidos por fraude”, y que el propósito de la colaboración “es ayudar a disminuir estas vulnerabilidades en los procedimientos de detección y verificación del HHS, aumentando así el bienestar y la seguridad de los UAC”.

The Washington Post, sin embargo, reporta una razón diferente. Dijo que el plan había sido ideado en secreto por Stephen Miller, uno de los principales asesores del presidente Trump y gestor de la polémica política migratoria de ‘tolerancia cero’.

ICE dijo en su respuesta a Univision Noticias que la versión del diario “simplemente no era exacta”. Y también advirtió que las mejoras en el programa de verificación de antecedentes y el intercambio de información entre ambas dependencias, “pueden dar lugar a una permanencia un poco más larga de los UAC bajo custodia de ORR”.

“Nos están perjudicando”

Las preocupaciones de Moreno son las mismas de Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA, en California.

“Siempre he dicho que dentro de nuestra comunidad hispana hay un sector importante de personas que aún reclama que, eventualmente, el presidente Trump nos dé una sorpresa y nos regale, con la participación del Congreso, una reforma migratoria comprensiva”, dijo. “Pero una medida como esta, sumada a otras similares en estos tres años, indica todo lo contrario, que no debemos tener ninguna clase es esperanza”.

“Si ICE entra a bancos de datos de diferencies departamentos, y estos a su vez voluntariamente entregan información para propósitos diferentes a los que fueron utilizados para recolectarlos, sencillamente no es legal”, señaló.

“Están quebrantando un compromiso republicano establecido desde la época de Ronald Reagan cuando se aprobó la Amnistía de 1986, que ninguna agencia iba a colaborar entregando datos a otra para que los utilizada con otros propósitos. Este principio republicano lo están rompiendo. El señor Trump y su asesor Miller están tomándose en serio el compromiso de deportar de Estados Unidos a la gran mayoría de los indocumentados mientras ellos estén el gobierno”, precisó.

Gutiérrez dijo además que “todo esto es parte de la letanía de malas noticias para nuestra comunidad que venimos recibiendo desde el 20 de enero de 2017”, cuando el presidente Trump llegó a la Casa Blanca.

Programa similar

El pasado 18 de diciembre Univision Noticias reportó la existencia de un programa similar en el que dos agentes federales intercambian bases de datos para localizar a inmigrantes que no deberían recibir fondos de compensación.

En el plan participan el DHS y la Administración del Seguro Social (SSA) y será afectivo a partir del 19 de enero del 2020. El propósito de la colaboración entre ambas agencias es revisar si los inmigrantes deportados o que salgan del país con una salida voluntaria pueden recibir, por ejemplo, sus jubilaciones.

Si bien ya existe una política vigente respecto a los indocumentados —que no tienen derecho a recibir pensiones aunque hayan trabajado toda una vida en Estados Unidos—, las preocupaciones se enfocan en otro asunto todavía más complejo.

“El programa le dará al DHS la oportunidad de conocer la información de todo el que aporta a sus fondos de jubilación, sean documentados o indocumentados”, dice la abogada de inmigración Bárbara Hines, exprofesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Houston.

También de personas que reciben beneficios y la ley exige que estén físicamente presentes en el territorio de Estados Unidos.

Orden ejecutiva

El 25 de enero de 2017, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva relacionada con las jurisdicciones santuario.

Según indica el decreto, las agencias del gobierno federal “deberán, en la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, garantizar que sus políticas de privacidad excluyan a personas que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes de las protecciones de la Ley de Privacidad”.

“Nosotros estamos monitoreando no solo este nuevo programa (entre el DHS Y LA SSA), sino también otros similares implementados para perseguir y deportar a inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Salas dijo además que “la comunidad no está al tanto de todo lo que piensa hacer el gobierno. Para mí es más importante que nos aseguremos que se respete la privacidad de las personas, que el gobierno no se meta en las bases de datos para perseguir a la gente. Están ocurriendo tantas cosas que, cuando se presenta un nuevo ataque o amenaza, todavía estamos litigando el golpe anterior”, indicó.

Univision Noticias preguntó a la Casa Blanca detalles del plan, cuándo entró en vigencia y si formaba parte de los esfuerzos para detener la llegada de migrantes en busca de asilo a la frontera sur. Al cierre de esta nota no hubo respuesta.