Antonio Anota López es un migrante varado en la frontera. Su nombre no forma parte de la lista de solicitantes de asilo ni es un número en las cuentas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Antonio es mexicano.

Nacido en el Ocotito, Guerrero, cruzó la frontera muy joven, trabajó varios años del otro lado y volvió a su tierra después de un accidente laboral que lo dejó sin caminar. Volvió a andar a fuerza de empeño.

Sin embargo, como la huerta de aguacates de su familia todavía necesitaba inversión, Antonio vino de nuevo, en 2006, sólo para encontrarse una frontera endurecida. Lo deportaron y no lo volvió a intentar. Decidió quedarse de este lado porque le ofrecieron trabajo en el basurero municipal.

Un día de 2011 los pepenadores, organizados hasta entonces en cooperativa, despertaron como empleados de una empresa privada, pues el tiradero había sido concesionado a uno de los capitales fuertes de Chihuahua, la empresa Biogas de la familia Cruz Russek, para producir electricidad con gas metano. Entró también en escena una trasnacional que maneja la basura de Los Ángeles y que construyó un galerón para separar los desperdicios.

Antonio fue encargado del mantenimiento de la banda transportadora de basura. Había que limpiarla todo el tiempo para que no se trabara. Se le untaba mucha tierra. Yo me paraba encima de una especie de rieles, me detenía con una mano y con la otra tenía que limpiar la banda.

Sin capacitación ni equipo, estuvo ahí cerca de un mes, hasta que una noche la banda jaló su brazo con todo y espátula. Quedó colgado varios minutos, hasta que un compañero –contra las órdenes del patrón, Javier Castrejón– cortó la banda para liberar el brazo desecho.

Afuera ya esperaban dos patrullas. Como no contaban con seguridad social no tenía nada, y como estaba dentro del terreno del municipio, a lo mejor se iba a hacer un escándalo al ver que alguien se accidentó ahí, dice Antonio, quien por su propio pie se subió a una patrulla para que la ambulancia lo levantara en la carretera, lejos del lugar del accidente, y lo llevara al Hospital General.

Luego de 12 horas, le amputaron lo que quedaba de brazo.

Una empresa nacional, una trasnacional, el municipio de Ciudad Juárez y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron frente común para negarle a Antonio el reconocimiento del accidente de trabajo, la reparación del daño, una pensión, servicio médico, algo.

El migrante guerrerense tampoco vio cumplido el sueño familiar de la huerta de aguacates. Las tormentas de 2014 se la llevaron y sus padres tuvieron que vivir en albergues durante un año.

Antonio se quedó en la frontera. Ha obtenido empleo en un supermercado, donde se las ingenia para acomodar frutas y verduras con un arnés que él mismo confeccionó.

Casado y con una hija en sexto grado, Antonio, el migrante varado en la frontera, espera que este año, por fin, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelva su caso.

¿Qué pretendes, si nomás perdiste un brazo?

Antonio buscó asesoría y en 2012 presentó una demanda contra el IMSS y las empresas involucradas. El caso se ha prolongado debido a una cadena de complicidades y una montaña de amparos interpuestos por la apoderada legal de los demandados, la abogada Susana Prieto Terrazas, quien en los tiempos recientes se ha hecho célebre como defensora de los trabajadores de las maquilas de Matamoros.

En el expediente 650/2012, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 55, Susana Prieto aparece como representante legal de Best Way, de la Sociedad Cooperativa de Producción Socosema y de Biogas de Juárez, empresa concesionaria del relleno sanitario.

El guerrerense recuerda el día que Susana Prieto le ofreció 30 mil pesos para desistirse de su demanda. Me dijo que no era para tanto perder un brazo.

Prieto le contó que ella se dedicaba a defender trabajadores y Antonio replicó: ¿Entonces por qué está diciendo que no es para tanto perder un brazo? (Quien) habla de esa manera, no tiene, por decirlo, principios en la vida. ¿Cómo va a defender a los trabajadores si se está expresando mal de mí?

Elizabeth Flores, abogada de Antonio, recuerda de otro modo la frase de Susana Prieto: ¿Y tú qué pretendes, si nomás perdiste un brazo?

El 21 de julio de 2014, para rematar, un incendio acabó con el galerón donde Antonio perdió el brazo. Los diarios locales registraron que el siniestro pudo ser intencional.

Colusión de autoridades

Hasta 2010, Antonio y sus compañeros pepenaban la basura y podían sacar todo lo rescatable para vender. En ese año apareció Castrejón y comenzó un nuevo trato: se prohibió a los pepenadores sacar cualquier metal. No teníamos derecho a sacar nada, pero nos prometieron que nos iban a dar prestaciones, baños, según hasta vacaciones, pero no nos dieron nada, recuerda Antonio.

Pese a todo, él se considera afortunado porque ha obtenido empleo aunque le falta un brazo. A veces me canso, pero me dicen que debo hacer el trabajo igual o mejor que los demás, y hay veces que sí lo hago, pero batallando.

El IMSS tardó un año en responder a la demanda de Antonio. Cuando lo hizo, por escrito, argumentó no contar con elementos para saber si el accidentado era trabajador de Bestway.

De ahí que la abogada sostiene que existe colusión entre las autoridades del municipio y del IMSS con empresas privadas. “El Seguro Social, sabiendo que había, en un solo turno, 300 personas trabajando en el tiradero municipal, no fue capaz de ir a revisar esa empresa y decir ‘pues aquí se está faltando a la ley’. Entonces, el instituto también forma parte de esta colusión en la que quienes salen perdiendo son las personas que reciben menor ingreso, que están al final de la cadena y que finalmente no les toca casi nada, pero sí les toca el riesgo laboral, como el que Antonio sufrió por un salario de 900 pesos a la semana”.

Durante el largo proceso legal, Antonio ha visto crecer a su única hija, que ahora cursa el sexto de primaria, y también aprendió los rudimentos de la escritura. Al comenzar su demanda, firmaba los documentos con una X.