Un rosario plateado y una cruz con la inscripción “Oración del chofer” cuelgan del retrovisor de Luis Jiménez. Para el mexicano significan una protección: si la policía lo para en la carretera podría ser arrestado y separado de su esposa y sus tres hijos.

Es que Jiménez conduce sin licencia y al vivir sin estatus migratorio legal en Estados Unidos no puede obtener un permiso de conducir en el estado de Nueva York. Un arresto probablemente significaría su inmediata deportación.

“Ese es mi temor todos los días, que me separen de mis hijos, pero vale la pena correr el riesgo para que mis hijos o mi familia tengan una vida mejor. Porque por eso venimos nosotros aquí”, dijo el inmigrante de 34 años mientras conducía su camioneta desde la granja lechera donde cuida a unos 300 becerros hasta su casa.

Una enérgica campaña alrededor del país para que inmigrantes sin estatus legal puedan conducir libremente resuena con fuerza en las granjas y cultivos cercanos a Rochester, en la frontera con Canadá. Los trabajadores inmigrantes de esos campos, en su mayoría mexicanos, dicen que se sienten aislados y frustrados en esta zona, donde pagarle a alguien con licencia de conducir para ir a comprar comida puede costar 40 dólares, igual a más de tres horas de trabajo.

“Manejar es una necesidad. Necesitamos poder operar un vehículo”, destacó Eladio Beltrán, mexicano en proceso de deportación tras ser detenido en la carretera y no tener licencia.

Doce estados en Estados Unidos, incluidos California e Illinois, permiten que sus residentes obtengan permisos de conducir sin contar con un número de seguridad social o pruebas de estatus migratorio legal. Activistas intentan lograr eso mismo en otra media docena de estados ahora que gobernadores demócratas sustituyeron a republicanos en Wisconsin y Nueva Jersey y los demócratas ganaron la legislatura de Nueva York.

“Ahora hay una nueva urgencia para intentar lograr esto y hay una nueva oportunidad política que no estaba ahí”, aseguró Christine Neumann-Ortiz, directora ejecutiva de Voces de la Frontera, grupo que defiende los derechos de los inmigrantes en Milwaukee, Wisconsin.

Dar licencias de conducir a inmigrantes sin permiso de residencia en el país les garantizaría una nueva protección estatal ante los agentes federales que trabajan para el gobierno del presidente Donald Trump, que favorece la mano dura contra la inmigración ilegal.

Activistas aseguran que la policía aún podría ver las infracciones cometidas en el pasado por un conductor, pero que los inmigrantes que muestren un permiso de conducir válido tendrían menos posibilidades de ser interrogados y acabar en manos de agentes federales.

Sólo unos 10,000 de los 265,000 inmigrantes sin estatus legal que se calcula podrían beneficiarse con las licencias de conducir en Nueva York trabajan en granjas o ranchos, según el Instituto de Política Fiscal. Sin embargo, su necesidad de transporte diario es mayor que la de los inmigrantes que viven en la ciudad: en los condados alrededor de Rochester las distancias al supermercado, escuelas o lugar de trabajo son enormes y no existe el transporte público.

Beltrán, por ejemplo, condujo en 2014 hacia una farmacia para comprar medicinas para la bronquitis que sufría una de sus hijas. Un agente de la policía local lo detuvo por exceder el límite de velocidad y llamó a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas. Pasó tres días en custodia federal y fue dejado libre bajo fianza. Sin embargo, años después la policía volvió a pararlo en la carretera, esta vez por conducir en dirección contraria. La patrulla fronteriza fue alertada y ésta lo arrestó. En mayo enfrentará una audiencia en una corte de inmigración de Búfalo, donde un juez decidirá si es deportado o no del país.

“Hoy estoy trabajando, pero los días se van muy rápido y pienso ‘tengo una corte con inmigración, ¿voy a regresar con mi familia cuando vaya a esa corte?’”, dijo tras pasar la mañana podando manzanos con una sierra.

Ley Devoluciones

Juez congela la política de devoluciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Revés monumental

La justicia estadounidense volvió a dar un revés monumental a una de las medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, al congelar su política de devolver los solicitantes de asilo centroamericanos al territorio mexicano mientras esperaban las posibles fechas para resolver sus casos migratorios en Estados Unidos.

“Razones humanitarias”

El juez federal Richard Seeborg, del Distrito Norte de California en San Francisco, instruyó que a partir del próximo viernes el gobierno estadounidense cese su política de devoluciones, que México aceptaba por “razones humanitarias”.

Sin razones

El juez no vio razones para aplicar la expulsión de inmigrantes basándose en la ley de repatriación de ciudadanos de países contiguos, como pasa con los ciudadanos mexicanos.

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