Grupos de asesoría legal argumentaron el lunes que un juez debe evitar que el gobierno del presidente Donald Trump niegue asilo a todo el que cruce de forma ilegal la frontera de Estados Unidos con México.

El juez federal de distrito Jon S. Tigar no falló inmediatamente sobre la solicitud de los grupos de emitir una orden de restricción temporal durante una audiencia en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron rápidamente una demanda después de que Trump emitió este mes la prohibición en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur.

Trump emitió un decreto el 9 de noviembre en el que dice que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecerán vigentes durante tres meses a menos que se emita una orden judicial, podrían dificultar que las miles de personas que ingresan a Estados Unidos eviten la deportación.

“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.

En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo en Texas para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso.

Trump argumenta que las caravanas más recientes son una amenaza a la seguridad nacional.

Alrededor de 3.000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, limítrofe con San Diego, California. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo el lunes que cerró el tránsito con dirección norte del cruce de San Ysidro durante varias horas. También instaló barreras móviles con alambre de púas en la parte superior, aparentemente para impedir un ingreso masivo de personas.

Hasta el lunes, 107 personas que fueron detenidas entre los puertos de ingreso han solicitado asilo desde que la orden de Trump entró en vigor, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles para procesar su solicitud.

El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar, incluso semanas, en refugios o en campamentos al aire libre en el lado mexicano.

El abogado de la ACLU Lee Gelernt dijo que algunos de los solicitantes de asilo cruzan entre los puertos debido a que “corren un peligro real”, ya sea en México o en sus países de origen.

“No condonamos a los que ingresan entre los puertos de ingreso, pero el Congreso ha tomado de la decisión de que si ellos lo hacen, de todas formas se les debe permitir solicitar asilo”, comentó.

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