Como si el secuestro patrocinado por el Estado de 3,000 niños no fuera una verguenza nacional suficiente, otra crisis de separación de padres e hijos se avizora en el horizonte como resultado de una cruel y divisiva política de inmigración impulsada por razones políticas.

Unos 300,000 inmigrantes que han estado viviendo en el país legalmente —algunos desde hace decenios— enfrentan el final de las protecciones salvadoras que le otorgaron gobiernos anteriores.

Sin ninguna razón válida y sin tomar en cuenta las pésimas condiciones en sus países de origen —ni sus profundas raíces en comunidades en Estados Unidos— el presidente Donald Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS), y ahora estas familias enfrentan prácticamente una deportación inminente.

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Si el Congreso no toma medidas para ofrecerles un camino a la residencia —o si Trump no toma conciencia y les ofrece un alivio, lo cual requeriría un milagro — los padres de 273,000 niños nacidos en Estados Unidos enfrentarán una decisión dura en los próximos meses.

¿Se llevan sus hijos estadounidenses con ellos a vivir a un país violento, pobre e inestable? ¿O los dejan atrás en Estados Unidos, donde tendrán mayores probabilidades de vivir en una democracia con mejores perspectivas de una vida más segura y próspera?

Para muchos, el final del TPS representa tener que tomar una decisión de vida o muerte.

Es eso o tomar a sus hijos y ocultarse en las sombras de este país antes que la Policía de Inmigración y Auanas venga por ellos, convirtiéndose así en parte de la población de indocumentados.

“Si tengo que regresar, no sé qué pasará”, dice Sara Mohamed, esposa y madre de dos hijos nacidos en Estados Unidos, quien trabaja cuidado un paciente de Alzheimer. Mohamed salió de Somalia en 1981.

Ella y su familia viven en temor constante de que el ICE le toque a la puerta cualquier día, porque el TPS para los somalíes termina el 19 de julio.

“Ayúdenos a mantener nuestras familias aquí”, rogó en una conferencia de prensa el jueves, convocada por el grupo de defensa de los inmigrantes America’s Voice.

Atrapados entre la causa más popular de legalizar el estatus de los jóvenes que llegaron al país sin autorización cuando eran niños, los llamados dreamers, y el drama más preocupante de los niños separados de sus padres en la frontera con México, los beneficiarios del TPS se sienten olvidados por el Congreso.

Ningún padre en su sano juicio se llevaría a sus hijos —con derechos como ciudadanos estadounidenses— a vivir en entornos violentos e inestables como los de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Somalia, Nepal y Sudán.

En el caso de nuestro hermisferio, Haiti y Nicaragua están viviendo días de violenta inestabilidad política. Y la mayoría de los refugiados que llegan a la frontera estadounidense son de Honduras y El Salvador, ambos conocidos como las capitales de los asesinatos en el mundo.

¿En qué beneficia a Estados Unidos enviar de regreso a personas que contribuyen en nuestras comunidades a países en estas condiciones? Casi una tercera parte de los salvadoreños, hondureños y haitianos beneficiarios del TPS han comprado casa. Han vivido en Estados Unidos un promedio de 19 años y tienen un alto índice de empleo, según investigaciones del Center for American Progress.

Trump hizo mucho alboroto al prometer que iba a deportar a los “bad hombres”, pero lo que hemos visto en los últmos meses es solamente el sufrimiento de familias destrozadas y abuelas tratadas como delincuentes.

“Somos buenas personas”, dice Erik Francois, un haitiano beneficiario del TPS desde el terremoto en su país en el 2010 y padre de dos hijos, uno de 7 años nacido en Estados Unidos y otro graduado de secundaria que nació en Haití.

¿Con cuál de los dos hijos debe quedarse?

Es una decisón terrible que tener que tomar para cualquier padre.

“Nosotros somos gente de familia”, dice Francois. “Este es nuestro hogar. Nuestros hijos van a la escuela aquí. Aquí llevamos viviendo mucho tiempo”.

No hay razón ni necesidad, excepto artimañas políticas, para separar a los hijos de sus padres, hermanos, hermanas y otros familiares en Estados Unidos.

Si el Congreso no les otorga un estatus permanente, el mundo será testigo de otra falta de humanidad en Estados Unidos.

Esta —que afecta a nuestros vecinos— será más difícil de ocultar.

No hay cercas ni jaulas lo suficientemente grandes para esconder el dolor de cientos de miles de padres e hijos.

Ayudemos a estas personas a mantener sus familias unidas.

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