“Si los jóvenes supieran, si los viejos pudieran…”
Daniel Cosío Villegas

México ha cambiado porque adoptó los valores y principios de la democracia liberal

En las próximas elecciones del 1 de julio en México votarán por primera vez los millennials, cerca de cuarenta millones de jóvenes menores de 29 años que han dado muestras de su solidaridad social y cívica (fueron heroicos en el pasado terremoto del 19 de septiembre) pero que, por razones obvias, carecen de memoria histórica sobre los tiempos de la presidencia imperial mexicana. Los mayores solo conocieron de niños la crisis del PRI a finales del siglo pasado y todos padecieron los erráticos gobiernos de la transición en este siglo. Hartos de la violencia, la corrupción, la impunidad y la desigualdad social, tienen razones suficientes para reclamar un cambio.

La juventud, por definición, es y debe ser rebelde. Lo último que quiere escuchar son consejos de abuelo. Por ello es difícil predicarles que ese cambio de gobierno puede desembocar en la reedición (corregida y aumentada) del pasado autoritario. Pero eso es justamente lo que he intentado hacer en una gira por universidades del interior del país: ofrecer un panorama comparativo entre los tiempos autoritarios que viví y la era actual, en espera de que esa comparación enriquezca su criterio al instante de votar.

Este es el recuento sintético que les hago. Durante aquel régimen que duró 71 años y que llamé “la presidencia imperial”, el presidente tenía el monopolio de la violencia legítima y de la violencia impune. Además de los inmensos poderes (políticos, económicos, militares, diplomáticos) que detentaba constitucionalmente, el presidente imperaba como un sol sobre los planetas que giraban en torno suyo. Los poderes formales (Congreso, Suprema Corte, los gobernadores, los presidentes municipales) dependían del presidente. Los burócratas, los obreros sindicalizados y las uniones campesinas congregadas en el PRI se subordinaban al presidente. Los empresarios y la Iglesia seguían las directrices del presidente. Las empresas descentralizadas y paraestatales obedecían los lineamientos del presidente. La Hacienda Pública y el Banco de México se manejaban discrecionalmente desde la casa presidencial de Los Pinos. Los medios de comunicación masiva eran “soldados del presidente”. El presidente saliente nombraba al entrante. El Gobierno organizaba las elecciones y el PRI (con su complicada “alquimia”) obtenía —según expresiones de la época— “carro completo”, las ganaba “de todas, todas”.

En el ámbito federal existe una razonable libertad de expresión y crítica

Desde 1939 —les recuerdo—, la única oposición democrática la ejercía el PAN. Después del crimen de 1968, la oposición de izquierda se refugió en las universidades públicas y la revolucionaria se fue a la guerrilla. Solo algunos periódicos, casas editoriales, revistas e intelectuales eran independientes y críticos (Octavio Paz y los escritores de la revista Vuelta, entre ellos). Aunque en los años ochenta y noventa el sistema hizo leves concesiones a la oposición de izquierda, que se incorporó paulatinamente a la vida parlamentaria, el orden autoritario perduró, con leves cambios, hasta el fin de siglo.

Desde hace veinte años —continúa mi explicación—, México ha cambiado porque adoptó los valores y principios de la democracia liberal. La presidencia imperial ha desaparecido, como lo prueba el hecho palmario que estamos a punto de atestiguar: al Gobierno que no cumple se le castiga con el voto. El presidente solo puede hacer uso (bueno o malo) de sus poderes constitucionales. Hay una genuina división de poderes: en el Congreso se confrontan varios partidos y la Suprema Corte de Justicia es autónoma. El federalismo se ha vuelto real: los gobernadores son sus propios dueños y, si hacen un uso corrupto e impune de su poder local, corren el riesgo —que no corrían antes— de que la prensa los denuncie y la justicia los llame a cuentas. Los grandes sindicatos del sector público no son transparentes ni democráticos pero tampoco obedecen ya al presidente. Los grupos empresariales gozan de una autonomía que no tenían entonces, la Iglesia actúa sin ataduras, lo mismo que los medios masivos. Ahora México cuenta con una decena de instituciones públicas autónomas que son un baluarte contra las distorsiones en que incurría el poder público: el Banco de México (la más antigua), el INAI (transparencia), el INEGI (información estadística), Cofetel (competitividad), etcétera.

El Instituto Nacional Electoral, no el Gobierno —concluyo—, se hace cargo de las elecciones. Cerca de dos millones de ciudadanos intervendrán en el conteo y la supervisión del próximo proceso. La oposición al PRI, partido en el poder, es mayoritaria. La ejercen Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD y otros partidos diversamente coaligados. Aunque acosada brutalmente por el crimen organizado (aliado muchas veces a políticos locales), en el ámbito federal existe una razonable libertad de expresión y crítica. La ejercen revistas, periódicos, estaciones de radio, comunicadores, académicos, intelectuales, grupos de la sociedad civil y, desde luego, las redes sociales.

Respetuosos, reflexivos y atentos, no encuentran mucha razón en mis palabras. Aunque en días recientes algunos han manifestado su entusiasmo por el joven candidato del Frente Ciudadano Ricardo Anaya, la intención de voto parece estarse canalizando hacia el advenimiento de un líder que con su sola presencia lo resolverá todo de una buena vez y abrirá una nueva era. Ese desenlace —les digo con franqueza— significaría la reaparición puntual del viejo sistema de supeditación política con un nuevo partido hegemónico (Morena) y un agravante mayúsculo: el poder sin contrapesos en manos de un caudillo populista que se ve a sí mismo —y alienta que el pueblo lo vea— como el redentor de México. Podría ser el fin del ensayo democrático mexicano. Y, a riesgo de importunarlos, les insisto: los pueblos que desesperan de la democracia rara vez encuentran el camino para restablecerla.

Por desgracia, los tiempos que corren no son propicios para los matices y las distinciones. Es difícil pedir a los jóvenes que cuiden el frágil edificio de la democracia que construyeron las generaciones anteriores. Es difícil advertirles que la libertad de expresión está en riesgo por la vía de la censura y la autocensura: ¿quién tendrá el valor de enfrentar a los ejércitos mediáticos de la verdad oficial?

Los jóvenes aprenderán por la única vía infalible: la experiencia. Si López Obrador triunfa en las urnas el 1 de julio y restaura una presidencia imperial que, como la antigua, busque eternizarse, estos mismos jóvenes que acaso votarán por él serán los primeros en ponerle diques. Comprenderán que la libertad, como el aire, solo se aprecia cuando se pierde.

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