La inmigrante mexicana Lizbeth Mateo libra simultáneamente dos batallas relacionadas con inmigración. La primera, intentar detener la deportación de un compatriota mexicano que lleva 18 años en Estados Unidos, la segunda que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) curse una solicitud de Acción Diferida y no la expulse de Estados Unidos.

“No me da miedo”, dice al otro lado del teléfono. “Soy abogada, tengo licencia para ejercer en el Estado de California. Lo que no puedo hacer es trabajar como empleada porque soy indocumentada, no tengo estatus legal y tampoco tengo DACA” (Acción Diferida de 2012 para jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños al país).

La historia de Mateo se convirtió en noticia nacional a finales de junio del año pasado, cuando la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) le rechazó una solicitud de DACA bajo el argumento que había roto el requisito de presencia ininterrumpida.

 

La joven, que llegó en 1997 a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad, viajó a México en el 2013 por una emergencia familiar. La salida, no autorizada por las autoridades de inmigración, interrumpió su permanencia continua, como estipula el reglamento de DACA.

Los abogados de Mateo argumentaron que las reglas del programa federal “tienen una excepción cuando se trata de una ausencia breve, casual e inocente”.

Mateo viajó a México durante un plazo de 13 días para visitar a familiares enfermos. Luego se unió a un grupo de otros ocho dreamers y se presentaron en la frontera entre Nogales y Estados Unidos, donde reclamaron el ingreso al país por razones humanitarias.

El grupo, tras casi tres semanas detenidos, fue liberado mientras las cortes de inmigración resuelven sus peticiones de asilo.

El caso Ortiz Becerra

 Mateo se graduó, obtuvo su licencia para ejercer como abogada, pero no tiene estatus de permanencia legal en Estados Unidos. “Soy una indocumentada que sigue luchando para conseguir la protección de DACA”, señala. “El próximo mes volveré a aplicar, y espero que, esta vez, me aprueben la solicitud y me concedan el amparo de mi deportación”.

“Ya he estado dos veces en proceso de deportación”, cuenta y confía en que, esta vez, la USCIS no le rechace la solicitud. “La últi8ma negación fue el 18 de enero, dos días antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump”.

Mientras aguarda por una respuesta favorable, Mateo asiste a Carlos Ortiz Becerra, un mexicano con más de 18 años en Estados Unidos y que fue arrestado en marzo por agentes de la Oficina de Inmigración Aduanas (ICE).

“Tiene audiencia de fianza en agosto”, dice Mateo. “Pediremos al juez que lo libere para seguir peleando su deportación. Nuestra meta es reabrir su caso”.

Ortiz fue arrestado en Pasadena, California, el 9 de febrero durante un operativo que tenía como objetivo otro sujeto que estuvo preso y había sido declarado una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

“Los agentes tocaron la puerta como a eso de las 5:30 AM”, contó a Univision Noticias Stephanie Ortiz, uno de los hijos de Carlos. “Dijeron que eran policías y que andaban buscando a un tal Rodrigo, y les abrí la puerta”.

En ese momento comenzó el calvario de Ortiz Becerra.

Recurso legal

“El gobierno alega que mi cliente tenía una deportación previa. Estamos trabajando sobre este punto”, agrega.

En marzo ICE dijo que Ortiz había sido deportado en 1999 y regreso ilegalmente al país. La agencia no detalló otro tipo de antecedentes criminales.

“Confío en que ganaremos ambos casos”, dice Mateo.

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