México planta cara a Estados Unidos

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El Gobierno de México intenta plantar cara a una añeja crisis migratoria al quedar en “tela de juicio” su actuación a raíz del endurecimiento del discurso del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra los inmigrantes en sus primeros 100 días de mandato, según expertos.

“México solo reaccionó cuando Trump se puso a gritar, pero el tema ya era un problema”, dijo Leticia Calderón, profesora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y experta en migración, frontera y relaciones México-Estados Unidos.

Y es que, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2016) fueron deportados 2.8 millones de mexicanos, 1.8 millones en el primer periodo (2009-2012) y casi un millón en el segundo (2013-2016).

Casi tres millones de mexicanos tuvieron que reintegrarse de manera silenciosa a su país antes de la llegada al poder de Trump, dijo Calderón, quien destacó que si el republicano no lo hubiera hecho visible, “México seguiría minimizando el tema de la migración”.

Para el Gobierno mexicano, “ha sido más cómodo hablar de migración desde el tema de remesas que por el problema que representa”, indicó.

Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump ha mantenido el discurso virulento de la campaña contra los inmigrantes mexicanos, a los que llegó a calificar de “criminales” y “violadores”, e insistido en la construcción de un muro a lo largo de la frontera común que hará pagar a México.

También ha amenazado con gravar las remesas enviadas a México -que en 2016 lograron un récord histórico al sumar 26,970 millones de dólares-, con reforzar la presencia de agentes de inmigración y expulsar a los indocumentados o al menos aquellos con antecedentes penales.

En respuesta, el presidente Enrique Peña Nieto canceló a finales de enero un encuentro con el republicano, lo que hizo que ganara apoyos en sus horas más bajas de popularidad, exigió trato digno y respetuoso a los mexicanos residentes en EE.UU. y su equipo amenazó con recurrir a tribunales internacionales.

Además, el Gobierno inyectó 1,000 millones de pesos (53,4 millones de dólares) a sus 50 consulados en EE.UU. para la defensa de los mexicanos sin papeles, unos 5,6 millones en el 2016 (cerca del 50% de toda población indocumentada), según cifras preliminares del centro Pew, e impulsó una campaña de información.

Apenas la semana pasada, la cancillería acusó a EE.UU. de violar sus normas al deportar a una madre de familia y un estudiante, a pesar de que no representaban ningún riesgo para la seguridad ni tenían antecedentes penales, y dijo que evaluaba recurrir a instancias jurisdiccionales para hacer valer el Estado de derecho.

Para el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, las medidas tomadas por México resultaron “acertadas de cierta manera”, porque ayudaron a hacer visible el aporte de indocumentados en la economía de EE.UU.

Además, el Legislativo aprobó en marzo una reforma para revalidar los estudios de mexicanos en el extranjero, a fin de facilitar la reincorporación educativa de jóvenes deportados desde el vecino del norte.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones en la frontera con México disminuyeron en el primer trimestre de 2017 por primera vez en 17 años.

 

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