Además de país emisor y de tránsito de migrantes, México es cada vez más receptor de flujos migratorios, cuando las fronteras de Estados Unidos se blindan por las políticas xenófobas y aislacionistas del presidente Donald Trump.

El tema migratorio se está convirtiendo en un cuello de botella para las autoridades mexicanas, cuando varios miles de migrantes haitianos, africanos, centroamericanos y caribeños optan por quedarse del lado mexicano en la frontera con EE.UU.

El director del Centro de Información de la Organización de Naciones Unidas para México, Giancarlo Summa, informó aquí que del 2011 al 2016 el número de personas que solicitaron asilo en México se incrementó en mil 60 por ciento.

Sólo en el 2016, ocho mil 781 personas solicitaron protección como refugiadas, de las cuales, el 90 por ciento era de Honduras, El Salvador y Guatemala, indicó.

“En los primeros meses del año aumentó ese porcentaje, los pedidos de refugio aumentaron, hay presión de mucha gente que llega huyendo de conflictos”, dijo Summa.

Ante ese panorama existe la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de solidarizarse con los migrantes y refugiados que llegan a México, pues “no son un problema, sino un recurso más para las naciones. No acrecientan a los países, acrecientan a las sociedades, a las comunidades”, enfatizó.

Por su parte Antonio Molpeceres, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, señaló que Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, es uno de los principales puntos de ingreso de migrantes y refugiados.

El funcionario de la ONU destacó que en los últimos años la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  incrementaron su personal respectivo en Chiapas para atender las necesidades crecientes de los migrantes y refugiados centroamericanos que llegan a esta zona del país.
Según Molpeceres, la mayoría de los que llegan son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.

MÉXICO CONTRA EL MURO DE TRUMP

Por su parte el gobierno mexicano llevó a la ONU su rechazo a la política migratoria impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en particular la construcción del muro fronterizo, el veto migratorio a refugiados y ciudadanos de países de mayoría musulmana y el plan para acelerar deportaciones.

“Los muros entre las naciones son también muros entre las personas y materializan el extremismo y la intolerancia en barreras físicas e ideológicas que no aceptaremos bajo ninguna circunstancia”, expresó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, ante la 34 sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Añadió que México comparte la “profunda preocupación” expresada por mecanismos internacionales sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes, quienes “muy frecuentemente son objeto de medidas que, bajo el argumento de la protección de la seguridad, atentan contra sus derechos humanos más fundamentales y su integridad.

“No nos equivoquemos, detrás de estos discursos se esconden el racismo y la xenofobia”, subrayó.
Ruiz Cabañas refirió que las medidas de seguridad mal concebidas no solo no detienen la movilidad humana, sino que además fomentan riesgos y la vulnerabilidad de los migrantes, poniendo en riesgo sus vidas.

LA NUEVA OLA

WilnerMetelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos,  afirmó que en la zona fronteriza de Baja California hay más de siete mil indocumentados haitianos y africanos que en su gran mayoría permanecen en albergues donde las condiciones sanitarias son muy precarias.

El gobierno mexicano debe facilitarles la oportunidad de buscar empleo y educación, en vez de sólo concederles visas humanitarias y presionarlos para que regresen a sus lugares de origen, dijo Metelus al diario La Jornada.

Los haitianos antes se beneficiaban de una amnistía decretada por el presidente Barack Obama tras el terremoto del 2010 que azotó a esa nación caribeña, pero esa medida humanitaria fue dada por terminada antes de la llegada de Trump.

Muchos africanos y asiáticos llegan procedentes de Sudamérica, especialmente de Brasil, adonde llegaron a trabajar en las obras de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Al terminar el empleo temporal hicieron maletas con el objetivo de llegar a Estados Unidos vía México.

También se suma un número creciente de mexicanos deportados recientemente de Estados Unidos, quienes solicitan atención para reintegrarse y requieren ayuda económica.

Por territorio mexicano transitan miles de indocumentados centroamericanos que buscan mejores condiciones en el lado estadounidense. A ello se unen ciudadanos de otras nacionalidades, incluidos cubanos.

Antes de que fuera eliminada la llamada Ley de pies secos, pies mojados, las autoridades migratorias mexicanas otorgaban un oficio de salida a los migrantes cubanos para que, en un plazo de 21 días, abandonaran el país bajo el precepto de que serían recibidos por Estados Unidos.

Sin embargo, en lo que va de año alrededor de dos centenares de caribeños fueron regresados a su país en vuelos de la Policía Federal que despegaron de Chiapas o Quintana Roo, en correspondencia con acuerdos entre México y Cuba.

Pero quienes están en peor situación son los varios miles de africanos y haitianos que no tienen adónde regresar y viven de la escasa ayuda gubernamental, la de organizaciones civiles, incluidas iglesias, así como del trabajo informal.

EL PEQUEÑO HAITÍ EN TIJUANA

En medio de una cañada por la que corren aguas negras, un grupo de haitianos construye su primera colonia en Tijuana, Baja California. La villa, conocida como “Little Haití” se compone de casitas de madera, barrotes, cemento y bloques a unos metros del albergue de la Iglesia Embajadores de Jesús.

Entre los habitantes del primer vecindario de haitianos en Tijuana hay sobre todo sobrevivientes del terremoto del 2010, que causó miles de muertos y dejó a un millón de personas sin hogar.

Uno de sus pobladores es Christopher Faustin, con más de cinco años dando tumbos. Desde que dejó el país más pobre de América ha vivido siete meses en Ecuador, cuatro años en Brasil y tiene más de tres meses en Tijuana. Faustin está por ocupar una vivienda de cinco por cinco metros en las faldas del Cañón del Alacrán. Pero su estatus migratorio sigue sin definición.

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