El arribo del empresario Donald Trump a la Casa Blanca desde el pasado 20 de enero supone una serie de retos en materia de política exterior para el mundo y en particular para México debido al acendrado proteccionismo político, económico y social mostrado por el expresentador de televisión y con el que busca erigir muros virtuales y reales que afectarán a la diáspora mexicana en Estados Unidos.

Los muros virtuales se ven representados con el resurgimiento del modelo ideológico y racial denominado WASP (White Anglo-saxon and Protestant), que promueve un Estados Unidos blanco, protestante y en el que no tienen cabida las personas de otro color o credo. Este modelo, impulsado desde la fundación de la Unión Americana y que nunca terminó por salir del ADN del país norteamericano, es una bandera ideológica que Trump retoma y promueve a través de un discurso de odio hacia los inmigrantes indocumentados, especialmente los mexicanos y los originarios de países de Oriente próximo, señalados como los enemigos internos a combatir.

Durante su campaña Trump logró levantar o reforzar muros mentales en sectores de la población que ven a la otredad, a los de piel marrón (José Vasconcelos diría la raza de bronce), católicos o musulmanes, como una amenaza que les “quita trabajos, vende drogas y promueve el terrorismo”. Afirmaciones sin sustento, pero que convertirán en blanco a los inmigrantes, sobre todo a los indocumentados, de vituperios, recriminaciones, discriminaciones y de actos violentos.

En cuanto a los muros físicos, el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que extenderá la cerca que divide a Estados Unidos de México, con el propósito de que los flujos migratorios provenientes del sur no accedan a la “tierra prometida”. Estados Unidos tiene la potestad de crear una caja de cristal en la que sólo entren aquellos que consideran dignos, a lo que no tiene derecho es a violar los derechos humanos de los migrantes, quienes por cierto, seguirán llegando a la Unión Americana a pesar del aumento en los controles fronterizos, porque aunque se niegue a reconocerlo el nuevo presidente estadounidense, son requeridos por la mayor economía del mundo.

La diáspora mexicana en el vecino país del norte, representada por unos 12 millones de connacionales, la mitad de ellos sin documentos, se encuentra en estado de vulnerabilidad, por lo que es obligación del Estado mexicano de redoblar esfuerzos para protegerlos a través de su red consular y por medio de posicionamientos contundentes ante la administración Trump. Al mismo tiempo, es necesario que los mexicanos en Estados Unidos se acerquen a las autoridades mexicanas para asesorarse y estar preparados de cara a los cuatro años de la administración Trump.

Los mexicanos sin papeles tendrán que ser más cuidadosos en su vida diaria para evitar cometer infracciones de tránsito o tener problemas de violencia doméstica, pues una de las herramientas que utilizará el gobierno de Trump para deportarlos será catalogarlos como criminales para acelerar la salida del país, estrategia que ya empleó la administración del saliente Barack Obama, quien en sus ocho años al frente de la Casa Blanca deportó a casi tres millones de extranjeros.

Los retos por venir son muchos, por lo que es menester prepararse para mitigar en parte los efectos de la administración Trump. Un buen comienzo es facilitar información a los connacionales mexicanos sobre sus derechos y obligaciones, de igual forma el gobierno mexicano tiene la obligación de redoblar esfuerzos para influir en la opinión pública estadounidense y destacar la importancia de la inmigración para los dos países, además es una oportunidad para que las autoridades mexicanas dejen de ser el muro de contención de la migración centroamericana hacia la Unión Americana, política que no ha beneficiado a México frente a Estados Unidos y sólo ha convertido a nuestro país en un calvario para los migrantes en tránsito.

Ante el proteccionismo de Trump, México necesita más aliados para defender a sus connacionales, de allí la importancia de trabajar con los gobiernos centroamericanos, organizaciones internacionales, colectividades de migrantes, organizaciones no gubernamentales e iglesias para hacer un frente común en el propósito de defender a millones de seres humanos que sólo desean tener una oportunidad de vida.

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Profesor de Cátedra en el Tecnológico de Monterrey en Puebla y profesor investigador en el Centro de Relaciones Internacionales por la UNAM.

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