La Legislatura de Arizona vuelve a centrar el debate educativo con propuestas de ley que eliminarían los programas de estudios étnicos en centros universitarios, que además verían recortados los fondos públicos si otorgan colegiaturas reducidas a estudiantes amparados bajo DACA.

El legislador estatal Bob Thorpe presentó la iniciativa HB2119, que pretende penalizar con la pérdida de hasta el 10 por ciento de su presupuesto estatal a las universidades y colegios comunitarios que «violen» cualquier ley estatal.

El republicano dijo a Efe que esta iniciativa busca terminar con la lucha legal entre el estado y los colegios comunitarios quienes actualmente otorgan colegiaturas como residentes a los jóvenes indocumentados amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

 El estado argumenta que estas instituciones educativas están violando la ley estatal 300, aprobada por los votantes de Arizona en el 2006, que niega este derecho a cualquier estudiante que no cuente con un estatus legal en el país sin importar cuantos años tenga viviendo en el estado.

 

El caso actualmente sigue en corte ya que el estado se encuentra apelando una decisión que favoreció a los «soñadores» indicando que califican para obtener colegiatura como residentes del estado de Arizona.

La propuesta HB2119 indica que las universidades y colegios comunitarios serían penalizados si el procurador de justicia del estado determina que han violando una ley estatal.

Thorpe es el patrocinador también de la iniciativa de ley HB2120, que establecería nuevos límites y regulaciones a clases que «promueven división, resentimiento o justicia social en contra de la raza, género, religión, afiliación política o clase social de las personas».

«El principal objetivo de esta propuesta es evitar que las clases que causan un ‘resentimiento social entre la gente’ sean pagadas por los contribuyentes del estado de Arizona», manifestó Thorpe.

Aclaró que las clases no serían eliminadas, pero si la legislación se convierta en ley, las universidades y colegios comunitarios que deseen continuar con sus programas correrían el riesgo de perder hasta el 10 por ciento de su presupuesto estatal.

«No queremos cursos que se enfocan y discriminan en contra de una persona por su forma de pensar, ciudadanía o afiliación política», determinó el legislador.

La propuesta, que también aplicaría a actividades organizadas por estas instituciones educativas, no aclara quien sería la persona u organismo que determinaría cuales cursos se encuentran en violación de esta legislación.

El político republicano puso como ejemplo un ejercicio conocido con el nombre de «la caminata del privilegio» practicado como parte de un curso de literatura en la Universidad de Arizona, en donde solo avanzan un paso los estudiantes que han tenido ciertos «privilegios» sociales, como haber sido educados en escuelas privadas, heredado dinero o bienes o tienen libros en sus casas.

Thorpe aseguró que su propuesta no es, de ninguna manera, un ataque en contra de los programas de estudios mexicoamericanos.

«Tampoco tiene que ver con el tema migratorio», agregó matizando que también está abierto a sugerencias para mejorar ambas de sus propuestas.

No obstante, para Roberto Rodríguez, profesor del Departamento de Estudios Mexicoamericanos de la Universidad de Arizona (UA), «estas propuestas no solo afectan a los estudios étnicos, sino a todos los cursos que incluyan justicia social, que puede ser el departamento de educación, de estudios de la mujer, el departamento de leyes».

«Creo que las personas que apoyan esta propuesta no tienen ni idea de lo que pasa en las universidades y lo que es la libertad de enseñanza», aseveró.

El estado de Arizona aprobó en el 2010 una ley estatal que elimina los programas de estudios étnicos y mexicoamericanos establecidos en las escuelas públicas del estado desde kínder hasta el grado 12 e instaló nuevos programas supervisados por el Departamento de Educación estatal.

«Arizona siempre ha sido un estado único, conocido por sus políticas antiinmigrantes, lo peligroso es que lo que empieza aquí, muchas veces se expande a otros estados», concluyó Rodríguez.

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VíaHoy Los Angeles
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